En una ceremonia oficial encabezada por la Red Protege Chiloé —instancia de coordinación interinstitucional liderada por el Poder Judicial a través del Juzgado de Familia de Castro y articulada junto al Servicio de Salud Chiloé—, se concretó la certificación de 21 establecimientos educacionales de la provincia. Este reconocimiento corona un proceso formativo intensivo en el que participaron activamente directivos, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados del archipiélago.
Durante los últimos meses, las comunidades educativas certificadas formaron parte de diversos seminarios prácticos e instancias de trabajo conjunto diseñadas para la prevención de la violencia infanto-juvenil. El objetivo central del programa es unificar criterios entre el sistema de justicia, la salud y la educación escolar, asegurando que las escuelas rurales y urbanas de Chiloé funcionen como entornos seguros y eficaces para la protección de derechos.
La magistrada María Carolina Prieto valoró positivamente el masivo compromiso de las comunidades escolares de la provincia, destacando que este hito marca un avance sustancial en el resguardo de la infancia y adolescencia del territorio insular. Gracias a estas nuevas herramientas de articulación, los colegios de la zona disponen ahora de protocolos directos de derivación e intervención comunitaria para abordar a tiempo factores de vulnerabilidad o exclusión social.
