Fue en la audiencia donde se amplió el plazo de investigación por el caso Puerto Coronel, y donde está imputado el alcalde Boris Chamorro, que se conoció la existencia de otros blancos de la indagatoria.
Entre ellos y lo dijo la fiscal Glenda Lagos, hay un dirigente sindical que Radio Bío Bío identificó como Guillermo Jaque, quien habría recibido dineros a modo de soborno. El investigado admitió los pagos, pero asegurando su legalidad y acusando una persecución en su contra.
Consultado por qué entonces la recepción de los dineros a través de sus familiares y no de manera directa, Jaque explicó que no tiene nada de extraño porque por ejemplo las becas de estudios que entrega la empresa no van a los trabajadores sino directamente a los hijos.
En sus alegatos, para fundamentar la petición de más plazo, la persecutora informó una serie de diligencias pendientes, entre ellas el interrogatorio a la ex concejala Paola Bustos, quien según la declaración del ex gerente Javier Anwandter habría recibido 3 millones de pesos el año 2022.
Al respecto, la ex edil descartó de plano esa situación, pero dando a entender que pudo haber un ofrecimiento de platas.
Otra investigada en la causa Puerto Coronel, y que se pensaba estaba fuera del rada del Ministerio Público, es Michelle Prater, ex gerenta general de la compañía hasta el 2023. Respecto de ella, la fiscal Lagos -en sus alegatos ante el tribunal- no descartó que pudiera ser formalizada en el futuro.
